COMUNEROS DE CARORA ACUSADOS POR “RESISTIRSE A LA AUTORIDAD”

Pese a que la Comisión Policial actúo sin orden judicial en el caso de la Comuna Juan Bautista Briceño, el Tribunal del municipio levanta expediente.

El señor Francisco  González, de 51 años, nació y vive en Mapurite, caserío del municipio Torres, en  el semiárido del estado Lara.

Mientras se desplazaba desde Barquisimeto a Carora en la parte trasera del camión 350 perteneciente a la Comuna Juan Bautista Briceño, luego de interponer junto con otros miembros de esta organización comunitaria una denuncia contra un terrateniente y funcionarios del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas), comenta:

-Hace ya un tiempo, nuestra familia fue víctima de la delincuencia. Nos robaron unos cuarenta chivos. Hicimos la denuncia en los cuerpos policiales de Carora y nunca se aparecieron por allá. Después vimos fue las cabezas de algunos de esos chivos botadas por la quebrada. Pero este 21 de abril ¡ usted fuera visto¡ eso parecía como una película: cuatro motocicletas de la Guardia Nacional, un jeep de la petejota full de funcionarios armados (aun la gente identifica al CICPC con su otrora denominación PTJ), pero esta vez no era para perseguir malhechores, era para apresar a los campesinos acusados por el terrateniente que le llaman Javi porque supuestamente y que le había robado no se qué cosa en su finca.

A solicitud de Hernán  Javi Dorantes, un ricachón de la zona,” finquero” como le llaman los comuneros, la delegación policial, muy diligente y sin ninguna orden judicial,  se trasladaron al caserío y sacaron, en primer lugar a José Infante, un joven campesino, del lugar donde cuidaba a sus cabras. La comunidad al enterarse del hecho, se activó de inmediato y entre varias personas procedieron a cerrar el paso a la delegación. En el sitio fueron detenidos también el Sr. Francisco González, Glaudy Alvarez y Orlando González

La delegación policial, imponiéndose agresivamente , logran proseguir su misión, mientras allegados al terrateniente apostados muy cerca del lugar, identificados por varias personas de la comunidad, se aseguraban de la efectividad de aquella operación.

La protesta comunitaria se traslado hacia la comandancia del CICPC, donde privaron de libertad a los campesinos y permanecieron detenidos hasta el día siguiente, al tiempo que organizaciones populares se hacían solidarios con ellos exigiendo su libertad y solicitando el apoyo de instituciones vinculadas a las comunas y al área agrícola.

José Infante, con su ojo derecho enrojecido e hinchado por los golpes que le propinaron tres de los funcionarios que conformaron la delegación, expresa con consternación: Me esposaron con las manos hacia atrás en una silla, desde la mañana hasta el atardecer, casi doce horas. Supimos que se nos acusaba de robo y de otras cosas que nunca cometimos.

Glaudy Alvarez, líder de la Red Nacional de Comuneros y participante de la Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón , relata que el trato hacia ellos fue ofensivo. “Incluso, uno de los policías, al saber que éramos del Consejo Comunal de Mapurite, el cual  pertenece a la Comuna, nos amenazó con quemarnos los papeles del Consejo Comunal”.

La Camarada Yanili, esposa de Glaudy y firme en sus convicciones comuneras, dice que no es la primera vez que sucede un percance con ese señor Hernán, terrateniente que se vale de las influencias que tiene dentro de los cuerpos policiales.“ Ese señor tiene una finca de ganado y se ha venido cogiendo una gran cantidad de tierras.

Francisco interrumpe y dice: Pues es que ese señor hasta a mi mismo me estaba proponiendo que cercara un lote de tierras, que él me daba el alambre y luego que le pusiera precio al terreno y él me las compraba”

Yanili continua: Y es que así es como se ha venido agarrando lotes de terreno, manda a la gente a cercar un pedazo de tierra, y hace una compra ilegal y se apropia de ella. Resulta que a los muchachos le había planteado ese mecanismos y ellos se negaron, entonces  José Infante, que estaba pastoreando sus cabras en el terreno que está en el ámbito de la Comuna,  es al primero que la comisión de la “petejota” va y ponen preso, alegando que él y otros familiares nuestros le robaron al finquero unas pertenencias, cosa totalmente falsa.

¡Es la tierra¡  la que originalmente pertenece a nuestros aborígenes y que actualmente, de acuerdo a la Ley de Tierras y Desarrollo Rural promulgada por el Comandante Chávez y que fuera una de las causas que motivaran el golpe de estado de la oligarquía aquel año 2002, la que finalmente esta en el fondo del asunto.

Ciertamente, la Comuna Juan Bautista Briceño, con un activismo permanente y un esfuerzo sostenido, pese al duro azote de la sequía, para la producción alimentaria, viene desde hace tiempo solicitándole al Instituto Nacional de Tierras, los derechos sobre esos predios, los cuales han sido devorados paulatinamente por la ambición de terratenientes como Hernán… acoso no es el mismo trasfondo del asunto que conseguimos en el asesinato a nuestro hermano Sabino Romero en la Sierra de Perijá,  en el estado Zulia, o en los llanos y otros tantos casos registrados por la Asociación de Familiares de Victimas del Sicariato, donde, al tenor de la complicidad  de funcionarios policiales corruptos, se le arman falsos expedientes a nuestros hermanos campesinos e indígenas y los latifundistas encuentran en cuerpos armados dóciles y tarifados instrumentos de persecución y muerte contra nuestro pueblo.

Que hacer ahora? le preguntamos a Glaudy y a sus camaradas:

Pues continuar la lucha, fue la respuesta firme de los comuneros- sobretodo porque el Tribunal, en la Boleta de Libertad que se nos otorga, gracias al apoyo de la Comunidad, de la Red de Comuneros, de la Universidad Campesina, de la Consultora Jurídica del Ministerio de las Comunas, de medios de comunicación alternativo, expresa en su texto que el delito que se nos imputa y para el cual debemos presentarnos cuando ese tribunal lo requiera es por “resistencia a la autoridad”.

Vaya contrasentido. Los comuneros se resistieron a que una comisión policial, sin orden de arresto, sin ninguna justificación irrumpieran en el ámbito de la comuna, para que el abuso se privar de libertad a inocentes ciudadanos se consumara, y ahora, un Tribunal les atribuye a ellos el delito de “Resistencia a la autoridad”, autoridad disminuida, corrompida, manipulada por el poder de un terrateniente, desautorizada, que por tanto no es autoridad ninguna frente a la moral, a la ética, a la valentía de un pueblo que enérgicamente se expresa a favor de los derechos colectivos. Este es un  precedente que no podemos permitir, pues se reforzaría una conducta delincuencial por parte de los latifundistas y los funcionarios policiales corruptos.

La Red de Comuneros y Comuneras, la Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón (que este 2 de mayo arriba a sus dos años de lucha junto al pueblo campesino), eleva su voz de protesta y exige, que por intermedio de la Presidencia de la República, de la Defensoría del Pueblo, el expediente levantado a los comuneros de Carora sea anulado por contener vicios legales y de procedimiento y que, en consecuencia, se proceda a una investigación al señor Hernán Dorante por la manera como se ha venido apropiando de las tierras del estado, y por los daños y maltratos a los campesinos, arrestados injustamente, investigando al mismo tiempo los vínculos de este señor y sus cadenas de influencia para lograr beneficios como por ejemplo la dotación de grandes cantidades de cemento y otros materiales, al mismo tiempo que sea intervenida la delegación del CICPC del municipio Torres por prestarse a un procedimiento irrito y lesionador a los derechos del pueblo.

Ya basta de abusos y de complicidad. Es hora del Golpe de Timón que clamaba nuestro Comandante Chávez…Comuna o Nada!!

Prensa red Nacional de Comuneros y Comuneras-