La revolución bolivariana ha iniciado el desmontaje del sistema de dependencia tecnológica imperial, una de las primeras iniciativas fue el decreto 3390 en diciembre de 2004, mediante el cual se instruye a toda la administración pública a usar aplicaciones y software bajo ambiente liberado, con la premisa de la posesión y acceso universal, contra la propiedad privada de este importante instrumento.
A seis años de la publicación del decreto 3390 y once años de la revolución, el decreto se ha vuelto una mera declaración, las empresas pivotes de la economía venezolana, a saber: PDVSA, CANTV y CORPOELEC, desarrollan todas sus operaciones basadas en software propietarios. La situación de la banca pública es aún peor, ya que en este ámbito existe un sistema en software libre desarrollado con talento nacional, capaz de sustituir los propietarios que emplean bancos como; banco del tesoro, banco bicentenario, banco agrícola y el banco de Venezuela. La dominación tecnológica no ha podido ser vencida en este sector, el cual parece decidido a renovar la licencia propietaria que junto a las instituciones ya nombradas, alcanzan una cifra cercana a los 350 millones de dólares anuales por costos asociados a la licencia y mantenimiento, si están leyendo bien, estamos hablando de un mil quinientos millones de bolívares, que año tras año el estado revolucionario debe gastar para mantener un sistema de dependencia tecnológica que maneja el mismo esquema del paro petrolero.
Es hora de iniciar la revolución del software libre. Asumamos este reto con la gallardía de los comuneros, con la entereza de Carabobo, con la entrega del 4 de febrero y con el empuje y la esperanza de una revolución que cada día se reinventa en el constante proceso de construcción del socialismo.
Atenea Jiménez Lemon
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